La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado su plan de reforma de la legislación internacional, compuesta de 15 medidas para combatir la «erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios».
Las grandes multinacionales han estado aprovechando los vacíos legales
que existen en la normativa internacional respecto a la facturación de
impuestos. La legislación internacional se diseñó con el fin de que aquellas empresas que operasen en más de un país no pagasen un doble impuesto y así fomentar el comercio. El problema surge cuando las grandes corporaciones generalizan la práctica de desviar beneficios a una filial de un país con impuestos bajos, comúnmente Irlanda, donde el impuesto de sociedades es de sólo el 12,5%.
Con la apertura de las tiendas «online», la ausencia de un establecimiento físico facilita desempeñar estos ejercicios de «evasión fiscal», pero perfectamente legales, ya que las empresas se pueden sujetar a la fiscalidad del país que mejor les convenga, surgiendo así los populares «paraísos fiscales».
«La erosión fiscal distorsiona la libre competencia
porque los negocios que trabajan en estrategias transfronterizas
cuentan con una ventaja competitiva frente a las empresas que sólo
operan a nivel nacional», afirma el secretario general de la OCDE, Ángel
Gurría.
Este plan de medidas se centrará en tres ejes principales:
Una legislación internacional
Se designarán unas normas fiscales internacionales, desarrolladas para estrechar las brechas entre los sistemas fiscales de los distintos países,
siempre respetando la soberanía de cada país. También se tomaránmedidas
para neutralizar los desajustes híbridos y el arbitraje, así como
reforzar la legislación nacional para proteger la base tributaria de los países y contrarrestar la pérdida de liquidez a favor de los paraísos fiscales mediante la limitación de la deducción de intereses.
El fin de las políticas «a la carta»
Tres de los 15 puntos se dedican a cerrar los lazos entre
el país en el que se declaran los beneficios y el país en el que
verdaderamente se lleva acabo el trabajo.
La transparencia
Pese a haber establecido un plazo de dos años para
implementar estas medidas, la OCDE recalca que la reforma no será
efectiva si no se cuenta con el compromiso de transparencia de todas las partes. Las empresas deberán presentar un informe «país a país» de sus actividades financieras y por su parte, los gobiernos deberán
Aún está por ver el impacto real de una reforma de tal calibre.
Los beneficios netos de las empresas se verán directamente afectadas,
con sus correspondientes consecuencias en la exportación/importación,
así como el grado de implicación de cada país serán las claves para
determinar la efectividad final de este proyecto.
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